Violencia política contra las mujeres y democratización
By: Juliana Restrepo Sanín (she/her/hers)
This blog post is based on the article Violence against Women in Politics as an Unintended Consequence of Democratization.
Recientemente, la violencia política contra las mujeres se ha convertido en un tema importante de discusión entre activistas, políticas, organizaciones internacionales, e instituciones electorales en América Latina. Los asesinatos de Juana Quispe (Bolivia) y Marielle Franco (Brasil) son claros ejemplos extremos de la violencia que las mujeres enfrentan en su labor política en la región. Además de esta forma de violencia, las representantes políticas en la región sufren otros tipos de violencia cotidiana que afecta su participación y trabajo político.
En América Latina se han usado diferentes términos para referirse a este fenómeno, tales como hostigamiento o acoso. Sin embargo, la “violencia contra las mujeres en política” encapsula las diferentes manifestaciones de esta forma de violencia de género, y reconoce que la violencia contra las mujeres es un continuo de acciones, incluyendo la violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica.
Mi investigación se enfoca en las mujeres candidatas, electas o designadas cargos públicos en Bolivia. En estos estudios he encontrado que, además de las formas tradicionales de violencia, quienes ejercen la violencia política se valen de las instituciones y prácticas democráticas para atacar a estas mujeres con el objetivo de afectar su credibilidad, forzarlas a renunciar a su puesto o candidatura, o actuar en contra de su voluntad. Las académicos y activistas que han trabajado en el tema, han conectado esta forma de violencia con las leyes de cuotas y paridad adoptadas como parte de los procesos de profundización de la democracia. Sin embargo, mi investigación argumenta que la relación entre la violencia contra las mujeres en la política y la democracia es mucho más profunda y compleja.
Una forma en que las mujeres son atacadas es por medio del abuso de las instituciones y prácticas democráticas, como se demuestra más adelante. Estos abusos tienen el mismo objetivo que las manifestaciones más evidentes de violencia, como los insultos o las golpizas, y en ocasiones ocurren de manera simultánea. Asimismo, puesto que estas formas de violencia son altamente específicas al contexto político, institucional, y cultural, no suelen ser reconocidas como parte del espectro de la violencia de género.
El caso boliviano
Bolivia ha sido líder en el debate de la violencia contra las mujeres en política. La Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, comenzó a discutir el tema en 1999 y en 2004 presentó el primer proyecto de ley para tipificar la violencia y el acoso político contra las mujeres. Esta normativa (Ley 243) fue aprobada en 2012, y es la primera de este tipo en el mundo. Bolivia también ha adoptado la paridad y alternancia en la conformación de las listas electorales, incrementando la presencia de las mujeres en la política como se muestra en la tabla 1 y la figura 1.
Tabla 1 - Porcentaje de mujeres electas en diversas instituciones bolivianas
Figura 1 – Porcentaje de Mujeres en la Asamblea Legislativa de Bolivia
Las mujeres bolivianas que participan de la política han denunciado diversas formas de violencia relacionadas con la paridad y alternancia en las listas electorales. Muchas veces, las concejalas son presionadas por sus suplentes para que renuncien, argumentando que la paridad implica que la curul debe ser “compartida”. Esta práctica solo aplica cuando la titular es una mujer y los suplentes hombres, y cuenta con el aval implícito de los partidos y organizaciones políticas, que generalmente obligan a las mujeres a firmar documentos en blanco o pagarés que suelen utilizarse posteriormente en su contra para extorsionarlas en caso que se nieguen a renunciar.
Un segundo ejemplo del abuso de los procedimientos democráticos son las acusaciones falsas de corrupción en redes sociales o ante organismos anticorrupción. Estas acusaciones formales obligan a los organismos de control a investigar, iniciando procesos legales largos y costosos, manchan do la reputación de éstas mujeres, poniendo en duda sus actuaciones y carácter. Además, obstruyen el trabajo de las autoridades judiciales y anticorrupción, despilfarrando recursos públicos en investigaciones infundadas.
Las reformas legislativas para fortalecer las democracias en América Latina han sido fundamentales para incrementar la participación política de las mujeres, mejorar la calidad de los procesos electorales y combatir la corrupción. Sin embargo, las leyes de cuotas y la paridad no han logrado subvertir las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en la política. La interacción entre la mayor participación de las mujeres con otras reformas democráticas ha tenido efectos inesperados. Como muestra el caso boliviano, las instituciones son abusadas para atacar a las mujeres en la política, minando su desempeño profesional y reforzando relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Aunque me he enfocado en el caso boliviano, hay ejemplos similares en otros países de la región, como la destitución de la presidenta Brasilera Dilma Rousseff. Esto no significa que la respuesta sea la eliminación de las cuotas u otras reformas políticas. En su lugar, es necesario que todas las reformas políticas tengan una perspectiva de género e interseccional y que estén fundamentadas en principios de equidad, justicia y no discriminación.
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Juliana Restrepo Sanín is Assistant Professor of Political Science at the Department of Political Science, University of Florida, Gainesville, USA